Alberta, May-June 2006
2
ALTERNATIVA Latinoamericana
ACTUALIDAD
Por Lián Martínez-Moreno
El transitorio alto
precio del cobre ha
hecho desaparecer del
debate público un
tema permanente, a
saber la pérdida de
soberanía que ha
significado el estatuto
privilegiado de que
gozan las compañías
transnacionales en
Chile.
Soberanía
Primero. El caso
más importante de
pérdida de soberanía
es la Ley Orgánica
Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM, nº
18097 del 21 de enero de 1982]. En más de 16 años
de gobierno, la Concertación nunca ha informado a la
opinión pública acerca de las consecuencias que ha
significado ceder parte del territorio de la República a
las transnacionales. La LOCCM, consagra una
situación única entre las legislaciones mineras del
mundo pues estatuye un tipo de concesión que no es
tal sino propiedad de un mal llamado concesionario.
En el sistema anglosajón el concesionario es un
arrendatario [lessee], esto es, un mero tenedor
[tenant], y en esa calidad lo que se le concede es el
arriendo del yacimiento [mining lease]. Es más, el
titular del mining lease, ampara sus derechos sobre
los minerales concesibles mediante la exploración y
explotación. Principio este último, que retienen las
legislaciones mineras del mundo, aún en países de
tradiciones jurídicas diversas, como Estados Unidos
de América, Brasil, Cuba, Sudáfrica, Rusia, Australia,
etc. Habiéndose despojado de su propiedad minera,
en beneficio de las compañías transnacionales
extranjeras, el Estado de Chile ha renunciado a su
soberanía. Nuestra tarea irrenunciable es clara:
restituir nuestro patrimonio minero al soberano, esto
es, al pueblo de Chile.
Estado renuncia funciones
Segundo. El Estado ha conscientemente
renunciado a sus funciones soberanas. Resulta
sorprendente que en Chile, el Ministerio de Minería,
según su estatuto orgánico [DF.Ley 302/1960], con
casi 50 años de vigencia, carezca absolutamente de
funciones y atribuciones relacionadas con la cuestión
del dominio del Estado sobre las sustancias
minerales concesibles [véase Julio Vildósola, Tratado
sobre el Dominio Minero y el Sistema Concesional en
América Latina y el Caribe]. Esto representa una
verdadera capitis diminutio del Estado, lo cual,
escribe Vildósola, no sólo tiene que ver con la
constitución de derechos mineros por parte de las
empresas extranjeras sino también con empresas del
propio Estado, como son Codelco y Enami. Demás
está decir que la variable institucional juega un papel
determinante en las prácticas de explotación y
tributarias que las compañías extranjeras del cobre
desarrollan en Chile.
Concesión ilimitada
Tercero. El carácter ilimitado de la concesión
minera en Chile, no viene sino a refrendar la intención
de declarar propietario al concesionario. Lo cual es
otro caso de pérdida de soberanía. La legislación
chilena es excepcional en América Latina. En este
ámbito el derecho de explotación o pertenencia
minera prolongado se sitúa comúnmente entre 20 y
25 años, con legislaciones como la colombiana en
que el plazo es de 30 años, revirtiéndose los activos
al Estado al final de ese período. En México el plazo
máximo es de 50 años. Sólo Argentina, Perú y Chile
constituyen la excepción pues sus legislaciones
consagran la duración ilimitada de la concesión y su
irrevocabilidad.
Laxitud estatal
Cuarto. Un manejo culpablemente descuidado
daña la evaluación de los proyectos mineros que se
presentan ante el Estado de Chile. La laxitud con la
cual el Estado ha tratado las relaciones con las
transnacionales del cobre, resulta notoria en el
trámite de aprobación de inversiones por el Comité de
Inversiones Extranjeras [CIE] cuando de lo que se
trata es de examinar el riesgo representado en la tasa
de descuento ante varias alternativas de inversión.
Para la evaluación de los proyectos, sea cual fuere el
sector de que se trate, se presume un cálculo de
flujos de caja y desembolsos, independientemente de
su presentación a la autoridad correspondiente. Es
Chile pierde su soberanía
Por Jorge Lavandero y Héctor Vega
una práctica corriente
- inexcusablemente
aceptada por el CIE -
de relevar al
inversionista minero
de su obligación de
presentar el detalle
del capital que
decide invertir y los
fundamentos que
justifican su
inversión. Esta mala
práctica de los
inversionistas ha
motivado críticas,
entre otras, las del
Partido Radical
Socialdemócrata que
en un estudio de su Comisión de Minería ["Manifiesto
para recuperar el dominio pleno del cobre, el sueldo
de Chile, revirtiendo el proceso de desnacionalización
progresiva", p. 5], indica algunas reformas al DL. 600,
entre las cuales señala que "iii] el inversionista debe
presentar todos los flujos del proyecto, incluidas las
rentabilidades esperadas, a fin de que el Estado sepa
- al autorizar la inversión externa cual será el
beneficio que probablemente recibiría al entregar el
recurso minero que es patrimonio de todos los
connacionales". Agreguemos, que los Flujos de Caja
[descontados] del proyecto no hacen sino reflejar la
determinación de invertir y constituyen el fundamento
de la base tributaria a la cual los inversionistas están
obligados. Aún más, no cobrar impuestos durante el
período de desembolsos sin Flujos de Caja y limitarlo
sólo al período en que estos se producen, significa
postular que la explotación minera es un álea
permanente en la cual una parte, el Estado, asume
todos los riesgos [no pago de impuestos], situación
que se presentó en los casos emblemáticos de El
Indio y La Disputada Las Condes, donde nunca se
declararon utilidades y por el contrario "pérdidas
irremediables". Esto no fue óbice para que la
AngloAmerican comprara la Disputada a EXXON en
US$1300 millones y El Indio cerrara por haber agotado
completamente el mineral de oro en 15 años - y
haberlo vendido - sin haber tributado un centavo de
dólar al Estado de Chile.
Un pueblo indefenso
Quinto. Un Estado pasivo deja en la indefensión
al pueblo de Chile frente a las estrategias tributarias
de las transnacionales mineras en Chile. Estos
abusos ante la pasividad del Estado de Chile, llegan
al límite cuando la EXXON decidió negociar en el
extranjero la venta de la Disputada con el fin de eludir
impuestos impagos, frente a lo cual, el gobierno de
Chile inició acciones por un monto de US$ 300
millones. Después de laboriosas negociaciones se
llegó a un acuerdo de pago por US$ 30 millones. La
EXXON alegó que la Disputada Las Condes era una
sociedad contractual, en consecuencia no se le
aplicaba la legislación tributaria correspondiente a las
sociedades anónimas.
Sin embargo, lo sorprendente del caso es que
aún en el caso que la Disputada Las Condes hubiese
sido sociedad anónima, la interpretación de la ley
tributaria por el Servicio de Impuestos Internos [SII], y
la propia ley tributaria, facultaba a la compañía
transnacional precisamente para no pagar. Siendo la
venta de la sociedad Disputada Las Condes una venta
de acciones, se aplica la legislación sobre impuestos
asociados a la ganancia obtenida por la venta de
dichas acciones. Ahora bien, el mismo SII que inició
las acciones ante tribunales, dictaminó que está
exenta totalmente de impuesto a la ganancia de
capital, la venta de acciones adquiridas antes del 31
de enero de 1984 [la EXXON compró la Disputada Las
Condes en 1978] si no existe habitualidad [esto es si
el giro de negocios de la EXXON no es la compra y
venta de acciones], en cuyo caso no hay tope
respecto a la transacción, considerándose aplicable la
exención tributaria tanto a acciones de sociedades
abiertas como cerradas.
La lista de atentados contra la soberanía del
Estado de Chile, en el dominio minero, es larga.
Acciones que no serían posibles sin la complicidad de
autoridades locales, parlamentarias, burocracia,
hombres de negocio, grupos de presión cuyo beneficio
personal siempre ha ido en perjuicio de los intereses
de la República. Por esto estamos ante una situación
límite, donde la Constitución de la República ha
previsto que se ejerza la Soberanía del pueblo en
plenitud, y como un derecho, irrenunciable,
imprescriptible y absoluto para hacer oír su voz en un
Plebiscito popular.
En abril de este año, en Uruguay, en la
fonoplatea Gustavo Nocetti, se hizo un llamamiento
público a discutir la creación de un frente que exija al
gobierno progresista el respeto a la voluntad popular y
a los postulados frenteamplistas fundacionales. Como
resultado de este cabildo abierto emerge la Asamblea
Popular para rescatar las banderas históricas de la
izquierda y detener el sometimiento del gobierno a los
intereses del gran capital nacional y extranjero.
La Asamblea misma fue trasmitida por Radio
Centenario y estuvieron presentes personajes muy
conocidos como Helios Sarthou, de la Corriente de
Izquierda; Carlos Sosa, de la Federacion de OSE;
Jorge Rodas, en representacion de UTAA, la
legendaria unión de trabajadores azucareros de Bella
Unión: Eduardo Rubio, del 26 de Marzo, y muchos
otros, en especial mucho participante sin título. Se
decidió que columnas de diferentes zonas de la
capital y el país a nombre de la Asamblea Popular
participarían en el acto del Primero de Mayo. Tuve
oportunidad de testimoniar la llegada de la Columna
Cerro-Teja, reunida al lado oeste del Palacio
Legislativo, y que marchó al acto que este año se
efectuó en lo que años atrás era la Avenida Agraciada
y hoy es Avenida Libertador Lavalleja.
Caminando, tomando mate, acarreando
pancartas y cartelones los trabajadores y
trabajadoras uruguayos celebraron su día marchando.
Mientras la columna avanzaba, algunos compañeros
lanzaban periódicamente bombas de artifició que
explotaban a uno y otro lado de la columna ruidos
inquietantes para mí, desacostumbrada a actos
políticos de magnitud y que, en cierto modo,
identificaba con explosiones menos benignas. Humor
negro de los uruguayos, me dije, mientras observaba
desde abajo y con cierta inquietud a los curiosos
asomados a sus balcones que miraban aquel mar que
se acercaba como en olas al acto.
La columna Cerro-Teja llevaba su mensaje: "No
al Fondo Monetario Internacional", "No al ALCA." Por
supuesto que hay confusión en Uruguay; muchos
creen que la izquierda no debe cuestionar el gobierno
de Vázquez, por lo que no las acusaciones de
traición que se les imputan justamente a quienes,
como el teru teru, son primeros en anunciar que el
programa fundacional del Frente está siendo
traicionado, que el gobierno ha cambiado la agenda y
el discursoy que implementa políticas tan neoliberales
como las que implementara en su tiempo J. Batlle.
Hoy, quienes levantan las banderas históricas
de la izquierda uruguaya corren peligro de ser
acusados de "piqueteros", de "ultras", de "radicales
extra parlamentarios". No debemos olvidar que no es
la primera vez que un gobierno progresista traiciona, o
que un grupo político asciende al poder con un
programa para implementar otro. Habían señales hace
tiempo, pero todo se ve más claro cuando se mirá
para atrás. Lo importante es que la gente dió el
mandato correcto, arriesgó y hoy espera. Lo real es
que el liderazgo honesto cumple, el otro no.
Desde la llegada al poder abundaron los
mensajes de "por favor, no le hagamos el caldo gordo
a la derecha." Pero, frente al desvío del discurso -
como aquella barbaridad que dijo Mujica, tan pueril y
simplista, de que al fin "le pedimos el dinero al FMI,
¿no? Entonces la deuda tiene que ser legítima", entre
tantas otras de otros,y de la práctica hay obligación
de reaccionar. Hoy, lo "pragmático" por decir, es
reconciliar los intereses de los pobres con los de los
ricos, de los que trabajan con los de los empresarios.
Idea inquietante por demás. ¿Acaso, con gobierno
"progre" deberemos de sentar a las gallinas a discutir
consenso con el zorro?
Hoy, en Uruguay, los simplismos abundan, pero
la gente no se engaña al ritmo necesario como para
no cuestionar al gobierno. Y, más temprano que tarde
se va mostrando la hilacha. Y la hilacha de este
gobierno se está viendo desde más de un ángulo.
Desde el principio el asunto de las papeleras fue una
asunto serio en Uruguay pero uno que nubló la razón
con nacionalismos de ocasión. Hay otros asuntos
incluso más graves y claros: el nombramiento de un
admitido co-piloto de los vuelos de la muerte, Enrique
Bonelli, como Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea uruguaya; la dedicación o "cipayismo" de
Vázquez en firmar un TLC con los Estados Unidos; la
oposición de Vázquez a legalizar el aborto -un médico
obviamente insensible a los derechos de las mujeres
uruguayas pobres que mueren víctimas de abortos
clandestinos; el envío de tropas a Haití. En fin, el
surgimiento de la Asamblea Popular da orgullo,
porque demuestra que las bases la izquierda en
Uruguay están vivan, no se han "pragmatizado" como
se ve se "pragmatizó" el liderazgo.
Uruguay:
Asamblea Popular,
ha nacido una esperanza...