Alberta, September-October 2007
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ALTERNATIVA Latinoamericana
CANADÁ
Por Marcelo Solervicens
En un voto histórico, el 13 de Septiembre la
Asamblea General de la organización de las
naciones Unidas adoptó la "Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas". Se trata de
un documento esperado por las organizaciones
de los pueblos indígenas de parte de la
comunidad internacional desde hace más de 20
años. El 7 de Mayo de 1982 se creó el grupo de
trabajo sobre los pueblos indígenas y los
estados, reacios a reconocer los derechos de los
pueblos indígenas, habían conseguido postergar
la adopción de la declaración invocando
consecuencias sobre su soberanía territorial.
Aunque la declaración no es vinculante, es
un primer paso en el reconocimiento de los
pueblos indígenas destruidos y sumergidos por
la colonización y que luchan por su
supervivencia. Desde el punto de vista del
derecho internacional se trata de un paso
fundamental en el reconocimiento de derechos
colectivos que no corresponden a los estados o
países diseñados por los conquistadores y que
abre el camino a reparaciones. Aunque la
declaración fue saludada internacionalmente, se
debe denunciar que el gobierno conservador
minoritario canadiense de Stephen Harper
decidió votar contra esta declaración, rompiendo
con la política tradicional de Canadá, que incluso
participó en los orígenes de la creación del grupo
de trabajo.
Veamos algunos antecedentes y lo que
algunos líderes indígenas no vacilan en señalar
como la traición de Canadá.
La declaración de 46 artículos establece los
estándares mínimos de respeto a los derechos
de los pueblos indígenas del mundo, que
incluyen la propiedad de sus tierras, el acceso a
recursos naturales de sus territorios, la
preservación de sus conocimientos tradicionales
y la autodeterminación. El artículo primero
señala: "Los indígenas tienen derecho, como
pueblos o como personas, al disfrute pleno de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos por la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la normativa internacional
de los derechos humanos."
La declaración reafirma el derecho de los
pueblos indígenas a la autodeterminación, es el
primer instrumento internacional universal que
reconoce este derecho para los pueblos
indígenas. El artículo 4 plantéa: "Los pueblos
indígenas, en ejercicio de su derecho de libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o
el autogobierno en las cuestiones relacionadas
con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de los medios para financiar sus
funciones autónomas".
La Declaración permite avanzar en la
protección de los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas, porque engloba derechos
colectivos, derechos individuales, el derecho a la
identidad, derechos culturales y políticos -como
es el derecho a ser consultados, el derecho a la
propiedad de las tierras como pueblos y el
derecho a la reparación de los daños causados.
También prevé el acceso a procedimientos justos
e igualitarios para solucionar diferendos -
reconociendo que las decisiones deben
adoptarse de acuerdo a las tradiciones, valores y
costumbres de los implicados y deben ser
expeditivas.
La declaración no obliga a los estados, pues
no tiene carácter vinculante, pero establece un
marco de derecho internacional para el ejercicio
de los derechos de los pueblos indígenas. Se
trata de un primer paso para asegurar los
derechos colectivos de los pueblos indígenas
contra el paternalismo y la asimilación por parte
de los estados.
Los representantes de los gobiernos que
forman parte de la ONU adoptaron la Declaración
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas por
143 votos a favor, cuatro votos en contra, once
abstenciones -entre ellas de Colombia, y en la
ausencia de unas treinta delegaciones de países
en el momento del voto. Los países que votaron
en contra de la declaración fueron Canadá,
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.
Entre algunos comentarios, destaca el del
embajador de Perú ante la ONU, Luis Enrique
Chávez, quien presentó el documento ante el
pleno de la Asamblea General de la instancia
multilateral. El embajador peruano señaló que los
gobiernos tenían la oportunidad y la
responsabilidad de "colmar un vacío" en la esfera
de protección de los derechos humanos. El
embajador de Bolivia, David Cocheaunca, señaló
que la Declaración es un instrumento que permite
luchar contra el racismo y la discriminación" y
lamento la abstención del gobierno de Colombia.
Entre los que votaron en contra de la
declaración, Australia justificó su oposición al
término auto-determinación por su potencial
efecto sobre la integridad territorial de Australia.
Una posición semejante a la de Canadá
El voto en contra de la Declaración por parte
de Canadá fue muy criticado porque el gobierno
de Canadá había sido durante largos años uno
de los instigadores de una declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Además el
gobierno canadiense ha planteado la necesidad
del reconocimiento de los gobiernos indígenas y
lo hizo cuando creó Nunavut y luego, el 2003,
con el acuerdo de Kelowna -que ciertamente fue
abandonado por Harper después de su llegada al
gobierno. El Jefe de la Asamblea de las Primeras
Naciones de Québec y de Labrador, (Ghislain
Picard) denunció que desde la llegada del
Partido Conservador al poder las autoridades
federales se declararon hostiles a la declaración,
anunciando consecuencias graves si esta se
adoptaba. Según Ghislain Picard se trata de la
adopción de una posición ideológica que busca
mantener a los indígenas canadienses en un
estatus de colonizados y regidos por una ley
retrógrada (la ley sobre los indios) que ha sido
denunciada en las tribunas internacionales como
contraria a los derechos de la persona. En una
situación de pobreza, cesantía en las Primeras
Naciones, el gobierno continúa no dándole
participación a los pueblos indígenas. Las
movilizaciones indígenas, como las del 29 de
La Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
junio pasado, revelan la existencia de un
agotamiento de los modelos actuales de tratar la
problemática indígena en Canadá.
En efecto, con este voto contra la
declaración de los derechos de los pueblos
indígenas, se deriva en un cambio dramático en
cuanto a la posición de la política exterior
canadiense a partir de Stephen Harper. Los otros
tres partidos federales, Liberales, NDP y bloque
quebequense, estaban de acuerdo en apoyar la
declaración. Además, los documentos obtenidos
por Amnesty International, gracias a la Ley de
Acceso a la Información, prueba que funcionarios
de los ministerios de relaciones exteriores, de
asuntos indígenas y de defensa recomendaron
que Canadá votara a favor de esta declaración.
El representante de Canadá en la ONU
justificó la votación de Canadá con la excusa de
que "ciertas disposiciones de la declaración"
podrían contradecir las leyes constitucionales y la
Carta de Derechos de la Persona de Canadá y
que se cuestionarían tratados ya firmados con
los pueblos indígenas. Los observadores
consideran que el gobierno de Harper adoptó
una posición ideológica principista que rompe
con lo que Canadá había planteado hasta
entonces. Una posición que rompe con la
práctica del gobierno canadiense en foros
internacionales por 50 años, en el sentido de que
el interés de los canadienses es el de trabajar
por consenso.
Es una nueva ruptura con la política exterior
canadiense y con los valores que defiende en su
territorio, y se agrega a las denuncias de
alineación del gobierno conservador con la
política exterior de Washington -por ejemplo, la
del rechazo de Canadá a la firma del Acuerdo de
Kyoto y con posturas internacionales que
contradicen la tradición consensual de la política
exterior canadiense.
La declaración de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas es un paso
importante en la reparación de las injusticias
cometidas contra pueblos sumergidos por los
apetitos colonizadores y el paternalismo de los
vencedores. Una declaración que, pese a no ser
vinculante, abre esperanzas de reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas. Es
lamentable que el gobierno conservador de
Canadá le niegue a los canadienses ser parte de
una importante contribución de la comunidad
internacional en el campo del derecho
internacional.
El 9 de septiembre
de 1969 una noticia
conmovió a Bolivia. Gui
do Álvaro Peredo Leigue
(Inti) había sido asesina
do en La Paz luego de
resistir por más de una hora el asalto de 150
efectivos de la Policía a la casa donde se
encontraba escondido, hasta que una granada
lanzada por una ventana le produjo graves heridas
en una pierna y un brazo, y fuera capturado. En
una estación de la Policía cercana resultó
torturado salvajemente.
Nacido en Cochabamba, el 30 de abril de
1937, desde muy temprano mostró interés por los
problemas de su país, e integró el pequeño grupo
de jóvenes fundadores del Partido Comunista en
el departamento de El Beni, en la frontera con
Brasil.
En su Diario, el Che hace más de 80
referencias acerca de Inti, y destacó su estirpe de
revolucionario, nombrado desde su llegada a la
guerrilla como uno de los comisarios políticos del
naciente Ejército de Liberación Nacional.
A 38 Años
del Asesinato
de Inti Peredo